La actual legisladora de Morena, Mariela Gutiérrez, admitió públicamente que bajo su administración como alcaldesa se eliminaron a 10 mil caninos. Este suceso de sacrificio de animales en Tecámac ha desatado una ola de críticas por parte de colectivos que defienden la vida de las mascotas en la región.
Justificaciones legales frente a la presión social
La senadora argumentó que las acciones tomadas en su periodo como presidenta municipal se realizaron bajo un estricto cumplimiento de las normas vigentes. Explicó que el sacrificio de animales en Tecámac fue una respuesta a problemas de salud pública y ataques documentados de perros hacia ciudadanos. Según su postura, no se violó ningún reglamento, pues los procedimientos estaban respaldados por leyes que permiten estas medidas en casos específicos.
Durante una reciente conferencia, la funcionaria detalló que muchos de los ejemplares presentaban cuadros de salud terminales o eran extremadamente agresivos con la población. Ante los señalamientos de maltrato animal en el Edomex, ella sostuvo que su gobierno simplemente atendió las peticiones de vecinos que se sentían en peligro. Aseguró contar con pruebas fotográficas y expedientes médicos que avalan cada una de las decisiones tomadas en el centro de bienestar local.
Pese a sus explicaciones, la activista Zyanya Polastri solicitó formalmente que la servidora pública sea removida de su cargo en la Mesa Directiva del Senado. Esta presión busca sentar un precedente sobre los derechos de los seres sintientes en la política mexicana, exigiendo que quienes administran el poder tengan una visión más humanitaria. Se espera que en los próximos días se determine si habrá sanciones administrativas internas por estos hechos realizados en años pasados.
Postura presidencial y cambios en la legislación
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en su rueda de prensa matutina, sugiriendo que es urgente priorizar la vida sobre el exterminio. Mencionó que, aunque la exalcaldesa no quebrantó la ley actual, los hechos demuestran que es necesario reformar el marco jurídico para evitar el sacrificio de animales en Tecámac. La mandataria enfatizó que el enfoque del Estado debe evolucionar hacia la protección integral y la adopción responsable.
En este contexto, la jefa del Ejecutivo confirmó que ya se está trabajando en la nueva Ley de Cuidado Animal junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este proyecto legal busca establecer protocolos nacionales que impidan que la muerte sea la primera opción de los municipios para controlar la fauna callejera. Con esta reforma, se pretende que los ayuntamientos reciban mejores herramientas y presupuesto para programas de esterilización masiva y refugios dignos.
El avance de esta normativa representará un cambio de paradigma en cómo el gobierno interactúa con la fauna urbana en todo el territorio nacional. La intención es que se reconozcan plenamente los derechos de los seres sintientes en la Constitución, eliminando lagunas legales que permiten actos masivos de letalidad. Esta medida legislativa se ha convertido en una prioridad para evitar que casos similares se repitan en otras localidades del país próximamente.
Consecuencias jurídicas y el papel de las autoridades
La Senadora Mariela Gutiérrez Escalante enfrenta ahora no solo el juicio público, sino también un seguimiento legal por parte de las autoridades ministeriales del estado. La funcionaria reiteró que no se esconderá y que está dispuesta a entregar toda la documentación que sea requerida para limpiar su imagen pública. Afirmó que su compromiso con la vida sigue firme, a pesar de la controversia generada por las cifras oficiales presentadas recientemente.
Por su parte, la Fiscalía del Estado de México investiga de oficio si existió alguna irregularidad o dolo en los procedimientos ejecutados en el municipio mexiquense. Los peritos buscan determinar si los métodos utilizados cumplieron con las normas de sanidad o si se incurrió en alguna falta penal grave. De encontrarse evidencias de crueldad innecesaria, los responsables de estas acciones podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión según el código local.
Este proceso legal marcará un antes y un después en la fiscalización de los centros de control animal en toda la entidad federativa. El caso del sacrificio de animales en Tecámac servirá como advertencia para otros alcaldes sobre la importancia de gestionar la fauna urbana con ética. La sociedad civil se mantiene alerta, esperando que la resolución final garantice justicia para las miles de especies que perdieron la vida en aquel periodo gubernamental.
